Malvinas. Para pensar la soberanía

La soberanía argentina en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur es un reclamo de larga data en la historia argentina. Reflexionar al respecto permite abrir preguntas sobre el lugar del tema Malvinas en el imagina­rio nacional y sobre la nueva realidad regional sudamericana.

 

Hablar de Malvinas invita a detenerse en la idea de soberanía, en la posibilidad de pensar de forma autónoma y actuar en concordancia, es decir: en el signi­ficado de ser libres. Cuando se trata de las naciones, la soberanía se relaciona tanto con la defensa del territorio y sus riquezas naturales, económicas, cultura­les y sociales, como con la capacidad de sus pobladores de asumir decisiones propias. Así, el ejercicio de la soberanía es un derecho de los pueblos libres a habitar y gobernar el territorio de su nación.

 

El reclamo del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, se sustenta en diversas razones que apuntan a señalar que la ocupación britá­nica es una usurpación, producto de una política imperialista que hace posible que aún hoy, tras dos siglos de independencia de las naciones sudamericanas, subsista en la región un enclave colonial.

Los argumentos argentinos para afirmar la soberanía tienen varías dimen­siones. En primer lugar, están los argumentos geográficos: las islas forman parte de la plataforma continental de la Argentina y, además, la proximidad de las Islas Malvinas respecto al territorio continental es evidente en contraste con la distancia que existe entre éstas y Gran Bretaña. Este argumento cobra mayor relevancia en la actualidad, debido a los recursos naturales que hay en la región, y a que es una puerta de entrada a la Antártida.

En segundo lugar, están los argumentos históricos. Los territorios fueron heredados de España, luego de declarada la Independencia, tal como ocurrió con el territorio continental argentino. Los sucesivos gobiernos patrios mostra­ron interés en sostener la soberanía de las islas. La prueba política más sobre­saliente de esto fue el nombramiento de Luis María Vernet como comandante militar de las Malvinas en Puerto Soledad, quien estuvo al frente del cargo des­de el 10 de junio de 1829.

Por último, están los argumentos jurídicos. La Argentina jamás renunció a sus derechos, encaró reclamos diplomáticos y pacíficos permanentes -que sólo se interrumpieron durante los 74 días que duró la guerra- y obtuvo el pro­nunciamiento favorable de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Hacia la década del 60 del siglo XX, la cuestión Malvinas cobró un giro impor­tante en la agenda internacional. En el marco del proceso de descolonización de las naciones abierto por la independencia de los países africanos, el 14 de diciembre de 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514 (XV), titulada como “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Allí proclamó “la necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”, consagrando dos principios fundamentales que debían guiar la descolonización: el de autodeterminación y el de integridad territorial.

En este marco, los británicos pretendían que para la cuestión Malvinas se apli­cara el principio de la autodeterminación. La Argentina rechazó este planteo y sostuvo que debía primar en cambio el principio de la integridad territorial. Para la Argentina, el principio de autodeterminación no era válido en este caso, ya que la especificidad de la cuestión de las Islas Malvinas reside en que el Reino Unido ocupó las islas por la fuerza en 1833, expulsó a su población originaria y no per­mitió su retorno, vulnerando la integridad territorial argentina. Por este motivo, la aplicación del principio de autodeterminación por parte de los habitantes de las islas causaría el “quebrantamiento de la unidad nacional y la integridad territorial” de la Argentina.

En la cuestión de las Islas Malvinas, la Asamblea General de las Naciones Unidas apoyó el planteo argentino. Así quedó establecido en la resolución 2065 (XX) de 1965, ratificada posteriormente por otras resoluciones en 1973 (3160, XXVIII), 1976 (31/49), 1982 (37/9), 1983 (38/12), 1984 (39/6), 1985 (40/21), 1986 (41/40), 1987 (42/19) y 1988 (43/25), donde Naciones Unidas acepta la aplicación del principio de integridad territorial, pues sostiene que en el conflicto por Malvinas sólo hay dos partes en la disputa de soberanía, la República Ar­gentina y el Reino Unido, por lo que su resolución debe ser tratada de manera bilateral entre ambos países, para llegar a un acuerdo diplomático que tenga en cuenta tos intereses y no los deseos de la población de las islas.

La cuestión de la soberanía, tema central de la disputa, sigue siendo un re­clamo persistente de la Argentina. La voluntad política argentina se expresa en s Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional de 1994, que expresa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la sobera­nía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Además, el reclamo argentino cuenta a su favor con la solidaridad latinoame­ricana que se manifestó en los pronunciamientos del MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC.

Muchos de los pronunciamientos hicieron foco en repudiar la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en la plataforma continental argentina que desarrolla el Reino Unido. También se comprome­tieron a impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones que enarbolen la bandera ¡legal de las islas y expresaron su repudio a los ejercicios militares británicos en las Islas Malvinas.

Estos acuerdos se basan en la creencia de que la unión de los países de la región es condición de posibilidad para el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos del continente frente a cualquier acción que lesione la integridad territorial -o de otra índole- por parte de las grandes potencias mundiales.

 

Presidencia de la Nación. Ministerio de Educación. 2 de abril de 2012. Cuadernillo para docentes de Escuela Secundaria. Pag 17 a 19

 

 

 

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